Los CFDI versión 3.3 entraron en vigor el 1 de julio y serán obligatorios a partir del 1 de diciembre de 2017
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El pasado 1 de julio entró en vigor la versión 3.3 de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), y los contribuyentes tienen hasta el 30 de noviembre de este año para realizar el cambio, de lo contrario podrían enfrentar multas desde 13,750 pesos por cada factura electrónica que se genere de manera errónea, indicó Jorge López Chapa, director de la empresa Interfactura.
En entrevista con EconomíaHoy.mx, el directivo explicó que las multas están dirigidas a quienes no llenen correctamente un comprobante fiscal digital o bien, emitan las facturas electrónicas con la versión anterior, aunque la medida está estipulada desde hace tiempo en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación.
López asegura que pese a la severidad de las sanciones, los expertos contables no prevén que se den demasiados casos de personas que incumplan con la nueva disposición, puesto que la obligatoriedad se extendió hasta diciembre de este año.
"Este lapso de tiempo es suficiente para que los contribuyentes puedan ponerse a tono con todas las obligaciones que implica este cambio", dijo.
El especialista indicó que los contribuyentes tienen la opción de contratar a proveedores de facturas de confianza que ya estén autorizados por el SAT para expedir facturas en versión 3.3 o bien optar por la aplicación gratuita que ofrece el SAT.
Para los pequeños contribuyentes o empresas, el proceso es casi inmediato, mientras que para las grandes corporaciones -dependiendo del tamaño y la complejidad de sus operaciones- el tiempo puede extenderse hasta unos dos meses, por lo que "conviene ir haciendo el cambio" para no caer en incumplimientos.
No todo son obligaciones
Si bien lo normal es que exista cierta resistencia ante los cambios que impone el SAT, López explica que la nueva versión de los CFDI obedece a una evolución natural que ha tenido el modelo de facturación electrónica en México. Éstas comenzaron siendo una mera versión electrónica y fiscalmente válida de las facturas en papel, y ahora lo que pretende la autoridad fiscal es homologar toda la información que contienen las facturas para que todos los campos que están reflejados en los documentos sean información susceptible de ser explotada.
En el caso del gobierno, la explotación de la información se da en el sentido de una mayor recaudación de impuestos, pero el ejecutivo asegura que esto también puede traer beneficios para los contribuyentes.
"Los beneficios son sustantivos. Si el contribuyente quisiera explotar esa información podría generar mucho más valor a su negocio de lo que implica hacer el proceso de transición", señaló.
Así, la información contenida en la factura puede ser cruzada con bases de datos externas con temas como redes sociales, condiciones climáticas, identificar qué compran los clientes, cuánto gastan, en dónde, qué promociones funcionan mejor, cuál es el precio correcto, etcétera.
De acuerdo con López, pequeños empresarios pueden incrementar las posibilidades de obtener créditos puesto que los bancos podrán tener información sobre las ventas que tiene el negocio, los pagos que se reciben o se generan. "Esto le va a poder dar a las instituciones financieras mayor probabilidad de otorgar créditos con información financiera prácticamente en tiempo real, con base en la operación natural del negocio", indicó.
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